Me he permitido el copiar el resumen del tema Kaype, que ha publicado el periódico "El Comercio", que está muy bien explicado . De modo que como seguirá siendo tema de conversación, pues por lo menos para hablar con conocimiento de causa.
Las obras de ampliación del Kaype llevan más de 14 meses paralizadas. / Nel Acebal
Navidad de 2012: se dio la primera licencia para ampliar un hotel que ahora hay que demoler. El último auto judicial da orden de derribar lo construido ilegalmente en este hotel situado en primera línea de la playa de Barro
Tres años se cumplen estos días desde que el Ayuntamiento de Llanes tramitó la primera de las licencias municipales que permitieron ejecutar las obras de ampliación del hotel Kaype, situado en la primera línea de la playa de Barro, y que actualmente cuentan con una orden judicial de derribo. Tres años en los que los enfrentamientos entre el anterior equipo de gobierno y la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) por estas obras y las tres causas judiciales abiertas relacionadas con el Kaype -habrá más en el futuro- han centrado buena parte de la atención informativa aunque, en ocasiones, ha sido difícil seguirla con claridad.
Como toda historia de largo recorrido, la del Kaype también tiene pasado, presente y futuro. El pasado abarca los tres últimos años de obras, disputas judiciales, paralización de los trabajos, declaraciones de la exalcaldesa y demás cuestiones relacionadas con los trabajos de ampliación de este hotel. El presente, en el que podemos encuadrar esta última semana de diciembre con la emisión del último auto judicial que ordena la demolición de estas obras. Y el futuro, aún por escribir, pero dentro del que se enmarcará el posible definitivo derribo de lo construido ilegalmente (cuando se ejecute la sentencia) y las acciones legales que se emprendan posteriormente tanto por parte de la propiedad, en caso de que exija una indenmización al Ayuntamiento al haberle concedido las licencias para realizar las obras de ampliación construidas; y del propio Consistorio contra aquellas personas que promovieron y emitieron unos permisos que luego la Justica anuló por sus irregularidades, para tratar de que sean ellos los que cargen con la responsabilidad de posibles indemnizaciones y no el Ayuntamiento.
2012
Emisión de la primera licencia
Hace ahora tres años los servicios técnicos y jurídicos municipales tramitaban la primera licencia que permitió la ampliación del hotel de Barro. Se trata de la de la agrupación de fincas. Dos de estos terrenos tenían la calificación de urbanos no consolidados, mientras que el tercero era urbano consolidado. Esta diferente naturaleza urbanística de las fincas fue la que hizo que meses después se presentasen las primeras denuncias contra el Ayuntamiento por parte de dos particulares y del colectivo vecinal Avall y que la CUOTA se enfrentase al Consistorio.
Aquella licencia de agrupación de fincas contó con los informes municipales favorables y fue firmada por el entonces edil de Urbanismo, José Herrero, el 26 de diciembre de 2012. Según revela el actual equipo de gobierno la solicitud por parte de la propiedad llegó apenas unos días antes, el 18 del mismo mes. Y sorprende a los actuales gestores la velocidad con la que se tramitó aquel permiso por parte de los técnicos municipales algunos de los cuales, caso del exarquitecto, dieron por buenos los cálculos de edificabilidad aportados por la promotora del hotel y que luego se demostraron que no eran correctos.
2013
Inicio de las obras y la CUOTA
A comienzos de año comenzaron las obras de ampliación del hotel Kaype y se emitía la segunda de las licencias municipales que avalaba estos trabajos. La actuación estaba impulsada por la Promotora Asturmexicana que lidera el empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón. La inversión para ampliar el negocio estaba valorada en 10 millones de euros y el Ayuntamiento recibió 300.000 euros en concepto de licencias.
También en 2013 llegaron las primeras denuncias por parte de Avall y los particulares pidiendo la paralización de las obras y la CUOTA emitía a finales de año un informe en el que ponía de manifiesto las anomalías que había apreciado en las licencias concedidas que, entre otras cuestiones, otorgaban una edificabilidad mayor de la que correspondía y permitían la construcción de una altura superior a las tres plantas.
2014
Primeras sentencias y paralización de la obra
En febrero de este año el Principado ya avisaba al Ayuntamiento que los permisos concedidos al Kaype incurrían en «vicio de nulidad de pleno derecho» e instaba al Consistorio a que los revisase. La Dirección General de Urbanismo recriminaba al Ayuntamiento haber permitido una edificabilidad 1.800 metros cuadrados mayor de la que correspondía, además de la construcción de una planta más de lo autorizado.
La entonces alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, reconocía discrepancias entre los técnicos municipales y los del Principado y se limitaba a señalar que el Consistorio acataría lo que dijesen los jueces, ya que esta obra estaba ya en los tribunales. Por allí también tendría que pasar el aún entonces arquitecto municipal a quien la Fiscalía imputaba un delito contra la ordenación del territorio por las supuestas ilegalidades cometidas durante la concesión de la licencia de agrupación de fincas.
En mayo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo declaraba nula el permiso municipal que posibilitó la agrupación de los terrenos sobre los que se estaba realizando la ampliación del Kaype. La Fiscalía también pedía en aquellas fechas la imputación del secretario municipal también por un delito contra la ordenación del territorio -meses después la causa contra él quedaba sobreseída- y a principios de junio quien acudía a los tribunales era el propio Principado. El Gobierno regional, entonces del mismo color político que el del equipo de gobierno llanisco, solicitaba a la Justicia la anulación también de la licencia de obras y reclamaba la paralización de los trabajos.
Ya en septiembre la sala de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo anulaba también la segunda licencia municipal y pedía que se ajustase la construcción a la edificabilidad que le correspondía. Álvarez Campillo se mostraba entonces satisfecha con el dictamen «porque la sentencia nos da la razón en casi todo, el único fallo que hemos tenido es el de la edificabilidad y sólo nos hemos pasado una décima». También recalcaba que «en la sentencia no se habla ni de demoliciones ni de indemnizaciones»,
Aquellas dos decisiones de las dos salas de lo Contencioso Administrativo de Oviedo eran recurridas al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y apenas unos días después, a comienzos de octubre, la Justica ordenaba paralizar de forma cautelar las obras de ampliación del Kaype que durante todo este proceso habían seguido en marcha.
2015
Sentencias del TSJA
En marzo de este año se emitían las dos sentencias del TSJA, cada una relacionada con una de las dos licencias concedidas. En el caso de la de la agrupación de fincas ratificaba la decisión del Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo, mientras que para la de la licencias de obras iba más allá que lo dictaminado por la sala Número 2 de este mismo juzgado. Correjía la decisión de su titular que anulaba este permiso al entender que se había otorgado una edificabilidad mayor de la correspondiente y directamente dejaba sin efecto la licencia atendiendo la petición de un particular que consideraba que era nula de pleno derecho al no existir planeamiento en vigor en el concejo llanisco.
Una vez más la entonces alcaldesa volvió a salir a los medios para decir que estos dictámenes «nos dan la razón»
Llegaron las elecciones, el cambio de gobierno municipal y con el nuevo ejecutivo local aún aterrizando la Justicia instaba al Ayuntamiento a cumplir la sentencia. El Consistorio presentó un incidente de nulidad en el que, a petición de la propiedad, indicaba que no era posible ejectar la sentencia ya que la promotora había solicitado la creación de una unidad de actuación en la zona con el fin de proceder a la legalización de la construcción. La respuesta de la Justicia a esta petición es calificada tanto por juristas como por algunos de los miembros del equipo de gobierno como «demoledora» y es la que nos ha traído al momento actual.
Actualidad
Orden de derribo
El 9 de diciembre el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo emitía un auto en el que contestaba a esta solicitud de imposibilidad de ejecutar la sentencia. La sala ordenaba en este escrito la «completa ejecución de la sentencia y por tanto la demolición de las obras amparadas en la licencia anulada». Daba además un plazo de un mes para que el Ayuntamiento remitiese informe comprensivo del estado de los trabajos impuestos por la sentencia del TSJA. Y advertía que de no hacerlo impondría multas coercitivas que podrían llegar a los 1.502 euros.
Además daba un plazo de 15 días para apelar «en solo efecto» el auto, aunque diferentes juristas aseguraban a este diario que el hecho de recurrir esta decisión, tal y como estaba dictada, no iba a dejar en suspenso la orden de demolición que pesa sobre la ampliación del hotel.
El PSOE ha exigido al equipo de gobierno que, de todas formas, recurra este último auto judicial, algo que aún están valorando los miembros del gobierno local. Por el momento lo que ya ha hecho es dar orden a la actual arquitecta municipal de elaborar el informe previo al proyecto de demolición de lo ilegalmente construido en el hotel Kaype.
Futuro
Posibles indenmizaciones
Lo que sí tienen claro los actuales gobernantes es que explorarán todas las vías legales para hacer que las personas que permitieron la realización de esta construcción irregular responsan por ella y no tenga que ser el Ayuntamiento -y por tanto los vecinos- el que se haga cargo de posibles indemnizaciones. Y es que aún está por ver si la propiedad, en caso de que el derribo se lleve finalmente a cabo como ordena la Justica, denuncie al Consistorio por concederle unas licencias municipales que luego se han demostrado ilegales y que permitieron levantar lo ya construido, licencias que dieron por válidos los cálculos edificatorios aportados por la propiedad.
Quedará por ver si la propiedad, de solicitar que el Ayuntamiento le indemnice, reclamará los 10 millones de euros que ha invertido, además de otra cantidad por daños y perjuicios, o solo una parte. Lo que tiene claro el actual alcalde, Enrique Riestra, es que si finalmente el Ayuntamiento tienen que pagar una indemnización millonaria, sus consecuencias «se notarán durante más de una década» en el Consistorio y, por tanto, en las inversiones que pueda realizar en el concejo, así como en los impuestos que tengan que pagar los vecinos, que seguramente no se podrán reducir en la medida en la que preveía el actual equipo de gobierno.
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